Entre septiembre y octubre de 2024 se desarrollará el juicio oral y público contra el ex juez de Garantías César Melazo, detenido en el penal de Ezeiza hace más de tres años, y al resto de los imputados de la denominada "megabanda", integrada por ex magistrados, policías, ex convictos y barras bravas que se dedicaría a cometer diversos ilícitos en la región, al parecer con cobertura policial y judicial.

Fuentes judiciales precisaron que la Secretaría de Gestión de Audiencias (SGA) del fueron penal, mediante el sistema informatico (SIGA), estableció como fecha de inicio del debate el 2 de septiembre de 2024, y se estima que podría durar hasta el 4 de octubre de ese año.

Sin embargo, el juicio podría extenderse hasta dos meses como mínimo ya que solamente la defensa del juez Melazo, a cargo de los abogados Christian Romano y Juan Pesquera, ofreció 200 testigos para el debate mientras que la fiscal Victoria Huergo y el fiscal Mariano Sibuet unos 140 y aún restan todavía los ofrecimientos de prueba del resto de los procesados. El debate está a cargo de los jueces Santigo Paolini, Silvia Hoerr y Andrés Vitali, que integran el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata.

Cabe destacar que, recientemente, la Cámara de Apelaciones y Garantías rechazó un pedido de excarcelación solicitado por al defensa de Melazo, con votos de los camaristas Raúl Dalto y Juan Benavides.

En el fallo se destacó que "el tiempo de privación de la libertad (3 años y 4 meses) que viene cumpliendo Melazo no resulta desproporcionado ni irrazonable" porque "continúan vigentes los peligros procesales oportunamente evaluados".

También se explicó que el procesado "se encuentra imputado y citado a juicio oral en orden a la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita -atribuyéndosele el rol de jefe-, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional -nueve hechos-, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil -seis hechos-. Con lo cual, en forma preliminar, se advierte que las postulaciones realizadas por los defensores en función de la escala penal que entienden aplicable es desacertada; no siendo éste el momento procesal para discutir la calificación legal -como pareciera insinuarse-". 

Por otro lado, los camaristas precisaron que "el peligro procesal de fuga se manifiesta con especial entidad considerando la gravedad y pluralidad de delitos atribuidos, las características del hecho encuadrado en los términos del artículo 210 del Código Penal y el rol presuntamente ejercido por el causante en el marco de la asociación ilícita, así como la magnitud de la pena en expectativa resultante del concurso de los ilícitos endilgados; la cual parte de un mínimo de cinco años de prisión en razón de atribuírsele el rol de jefe de la asociación, tal como fue elevada la causa a juicio'".

La causa comenzó en el 2014 cuando la fiscal penal de La Plata Betina Lacki empezó a investigar el crimen de Juan Roberto Farías, que ocurrió el 1 de diciembre de 2010, en la calle 44 entre 26 y 27. Al primer fiscal, Tomás Moran, lo desplazaron después de que uno de los acusados, Javier Ronco, denunció que le había pedido 30 mil dólares para desligarlo de la causa a través de un abogado de La Plata.

Moran es uno de los funcionarios que terminó procesado (fue detenido y permanece con arresto domiciliario) en una instrucción que se desprendió de la "megacausa", indicaron fuentes judiciales.

La hipótesis de Lacki era que Farías cayó bajo “fuego amigo” unos meses después de un espectacular escruche en la casa del director técnico de fútbol Roberto Zapata, en 13 entre 70 y 71, que los líderes de la banda habían ordenado “no tocar”.

El robo -agregaron- sucedió cuando Zapata y su familia festejaban un cumpleaños en un salón del centro de la Plata, entre cuyos invitados estaba Melazo.

Los delincuentes entraron haciendo un boquete en el techo de la casa y forzaron una caja fuerte en la que, según se declaró entonces, había 60 mil pesos, alhajas y documentación. La hipótesis es que Farías desoyó la orden de los jefes y quisieron generar una "sanción ejemplificadora".

Después de cuatro años de una investigación que Lacki encaró con la Policía Federal porque había oficiales de la Bonaerense sospechados, en julio de 2018 se hicieron los primeros 18 allanamientos y nueve detenciones, entre ellas las de tres policías y hasta el hermano de un ex futbolista famoso. Un mes después fueron detenidos Melazo, Rubén "El Tucumano" Herrera (ex líder de la barra brava de Estudiantes, recientemente excarcelado) y Enrique "Quique" Petrullo.

Además de ellos tres, fueron detenidos y procesados el ex comisario de la Segunda de La Plata, Gustavo Abraham Bursztyn; el ex policía Gustavo Gregorio Mena; Javier Maximiliano Ronco (quien estaba con domiciliaria por el doble crimen de una pareja en el “Camino Negro”); Ángel Custodio “Pipi” Yalet; el ex policía Adrián Oscar “Quichua” Manes; Héctor Alfredo “Pepe” Vega; y Carlos Jorge Bertoni (hermano del ex futbolista, Daniel), informaron fuentes judiciales.

En tanto, voceros de Tribunales detallaron que Martín Ezequiel “Gaucho” Fernández, Carlos “Macha” Barroso Luna, Marcos Chiusaroli, fueron liberados durante el proceso pero enfrentarán el juicio mientras que Jorge Gómez de Saravia, alias “El Fiscal”, fue sobreseído por la Cámara pero recientemente el Tribunal de Casación revocó esa medida y el imputado ahora deberá enfrentar el juicio.

En su momento, la fiscal también pidió la detención a otro de los vinculados a la causa, el ex integrante de la Sala V del tribunal de Casación, el juez Martín Ordoqui, pero no se concretó ni tampoco estará en el banquillo de los acusados en este debate porque el magistrado tiene fueros y ahora enfrenta un jury