martes 14 de mayo de 2024 - Edición Nº -1987

Política | 6 may 2022

La Justicia imputó a Mayra Mendoza por el supuesto manejo irregular de fondos públicos destinados a cooperativas

También en la causa que se tramita en Comodoro Py quedó involucrado a otro grupo de personas allegadas a la jefa comunal de Quilmes.


El fiscal federal Ramiro González imputó este viernes a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza,  por el manejo irregular de 535 millones de pesos que esa comuna pagaba  a cooperativas de trabajo. 

También imputó a personas vinculadas a la intendenta de La Cámpora y el Frente de Todos (FdT), entre ellos a dos ex funcionarios que estarían vinculados a las cooperativas supuestamente beneficiadas.

En ese marco la fiscalía ordenó medidas de prueba para dar impulso y que  avance la investigación.

La justicia también investiga al ex subsecretario de Hábitat del municipio, Sebastián Raspa, que estaría vinculado a la Cooperativa La Estrella y a la Federación de Cooperativas de Trabajo 1 de Mayo Ltda. 

Además, están siendo investigados y quedaron imputados el abogado Martín Bordalejo, ex funcionario de Quilmes, José Alejandro Scozzari, Romina Cangelosi, Alejandro Gandulfo y Cecilia Soler.

El fiscal Ramiro González  aclaró que ello no impide que con el desarrollo de la investigación “se logre identificar a otros sujetos que participen en el hecho denunciado”.

 

Cómo empezó la causa

La investigación comenzó por una  denuncia del abogado Santiago Dupuy de Lomé tras una publicación de El Disenso, en la que se  afirmaba  que “fondos nacionales que se le entregan al municipio de Quilmes se utilizan para pagarle a cooperativas cuyos titulares son Raspa y Cangelosi”.

Según la denuncia Raspa había sido Subsecretario de Hábitat local, y  Cangelosi era funcionaria en  la misma comuna. 

El letrado aseguró  que a los investigados se les habría pagado la suma de $535.000.000, y que Raspa tendría tres offshore en Miami, donde enviaría  el dinero público.

En esa sociedad figuraría como Director Bordalejo, al que señalan por ser, supuestamente,  funcionario municipal, socio y amigo de Raspa.

El abogado Santiago Dupuy de Lomé también afirmó ante la Justicia que “las siete cooperativas de Raspa han obtenido una gran cantidad de contratos a raíz de su amistad con Mendoza que a sabiendas de eso le autorizó los contratos descuidando los fondos públicos que debe administrar”.

 Y aseguró que esos  fondos no sólo eran direccionados hacia las firmas  offshore, sino que también eran “para hacer caja para su agrupación política”.

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