Por: Laura Kohn

En el año 2001 los índices oficiales del INDEC, punteaban un friolero 21,5% de desocupación, lo que representaba a 3 millones 36 mil desempleados, la vedette estadística que explicaba todos los males sociales de Argentina colocó a esta variable en el centro de la escena, la que sumada a la subocupación (18,6%), afectaba a más de 5 millones 670 mil personas, para un país compuesto por ese entonces por una Población Económicamente Activa (PEA)  de 14,3 millones, significaba un número más que impactante a simple vista.

La pobreza trepó entre el 2001 al 2002 del 46% al 66%, siempre tomando en cuenta los datos del INDEC que nos brinda la Encuesta Permanente de Hogares y el IPC (índice de precios del consumidor), es decir que tanto pobreza, como desocupación, son medidos bajo el mismo método en toda la serie analizada, vale la aclaración, pues según estudios estadísticos, en América Latina existen 6 mil tipos distintos de medición de pobreza.

Este alto índice de desempleo significaba un síntoma extremo de falta de fuentes de trabajo, dato que lo convalidaba también el crecimiento del “desaliento”, es decir aquellos que dejaron de buscar trabajo activamente, los que sumaron 400 mil personas en un año, entre mayo de 2001 y mayo de 2002.

La desocupación actual se encuentra entre uno de los índices más bajos de las últimas dos décadas, 7% en el primer trimestre de 2022, 3,2 puntos porcentuales por debajo que en igual periodo de 2021. Sin embargo, el índice de pobreza se ubicó en el 37,3% según la última medición oficial del segundo semestre 2021, de los que un 22,2% son indigentes, datos que de igual modo significan una mejoría respecto al 42% de pobreza del año 2020 y el 40,6% de la primera mitad del año pasado. (1)

 

 

 

La pregunta entonces es: ¿cuáles son las causas del elevado índice de pobreza actuales?

20 años después de esta catastrófica situación. Según los datos de IDESA (2): “De los últimos 2,8 millones de nuevos ocupados en la última década, 700.000, un 26% son empleados públicos, 900.000, es decir un 30% empleadas domésticas y cuentapropistas registrados en la AFIP. Los 1,2 millones (44%) restantes, son informales asalariados o cuentapropistas no registrados. Es decir que estamos ante un crecimiento del empleo precario que en muchos casos encubre una verdadera desocupación, analicemos.

“Actualmente existen 1 millón 300 mil beneficiarios de distintos programas sociales, el más importante por su número es el Plan Potenciar Trabajo, que alberga a 1,1 millones de personas, cobran la mitad de un salario mínimo vital y móvil (SMVM) es decir $23.925, deben cumplir una contraprestación de 4 horas diarias en proyectos productivos, de mantenimiento barrial en municipios y provincias, o la terminación de los estudios¨. La Fundación Mediterránea, estima en base a datos oficiales que: “considerando la existencia de alrededor de 10 millones de personas en condiciones de dificultad laboral, es decir, desocupadas, empleadas de manera informal o trabajadores sin remuneración, este programa solo cubre al 10,6% de este universo”. (3)

En la serie 2016-2022 que publica el INDEC se puede ver que la tasa de desempleo varía entre 7 puntos y 11,7 PP, mientras que la pobreza tuvo un piso del 25% ascendentemente hacia el peor año que fue durante la pandemia en 2020. La pobreza ya no puede entonces explicarse a través de la desocupación, la nueva vedette estadística a estudiar debe ser la precarización laboral.

Según los últimos datos oficiales del primer trimestre 2022, dentro de la población ocupada (43,3% de la población total), un 73,5% son asalariados, de quienes el 35,9% no cuenta con descuento jubilatorio, y un 23,1% trabaja por cuenta propia. (4)

 

 

Desde la crisis del 2001 se habla de distintas políticas para la “Inclusión social”, de los beneficiarios de planes al circuito productivo, conjuntamente con la creación de puestos de trabajo, hasta en los anuncios recientes del nuevo Ministro de Economía Sergio Massa se perfiló el “Reordenamiento de los programas sociales” con el mismo eje de antaño.

Lo cierto es que también el país atravesó distintas tentativas al respecto, sin embargo, la precarización no se resolvió, más bien en muchos casos estos proyectos terminaron en subsidios encubiertos a empresas, que por ejemplo a través de las REPRO (Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo), el Estado terminó pagando parte de los salarios al sector privado, sin que esto signifique una genuina creación de nuevos empleos.

 

 

Evidentemente la problemática presentada en este artículo abre muchas aristas, las que, para no agobiar, desarrollaré en otras investigaciones que nos permite en análisis de la estadística social.

Laura Kohn, Licenciada en Comunicación Social. Trabajadora de Estadística (DPE)

(1) https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_03_22F5E124A94B.pdf

(2) Instituto para el Desarrollo Social Argentino

(3)https://www.ier