En la actualidad, en caso de no poder cubrir los gastos médicos con sus propios recursos, las obras sociales y prepagas los cubren a través de un Fondo Solidario de Redistribución que administra la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación y está conformado por aportes de los trabajadores y empleadores a la obra social y las prepagas. 

En las últimas semanas se comenzó a hablar de un posible Decreto de Necesidad y Urgencia que promulgaría el Ejecutivo nacional para cambiar el lugar de origen del pago con el que se cubren los gastos de salud de las personas con discapacidad que estén afiliadas a obras sociales y prepagas, que dejaría de depender de la Superintendencia de Servicios de Salud para pasar a estar bajo la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad a través de un Fondo Nacional que se crearía al respecto.

En caso de que se promulgara el decreto de necesidad y urgencia el dinero saldría en su totalidad del tesoro nacional, quien a su vez deberá solicitar aprobación para el otorgamiento del presupuesto.

Cabe destacar que, según la ley 24.901, la responsabilidad última de pagar y sostener la prestación para las personas con discapacidad es de las obras sociales.

Las prestaciones básicas, descriptas en la norma mencionada, incluyen prestaciones preventivas, de rehabilitación, educativo terapéuticas, educativas y asistenciales. 

De acuerdo a lo que pudo averiguar Info Blanco Sobre Negro, en el actualidad el sistema de integración a través del cual los prestadores reciben los pagos de las prestaciones es regular y cada prestador puede conocer el recorrido de la factura desde que la recibe la obra social hasta su pago al prestador. 

Frente a este panorama, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA) y la Junta Nacional de Educación Privada (JUNEP) advirtieron a través de un comunicado que cualquier decisión que deslinde dicha responsabilidad "podría ser un riesgo para la continuidad de la cobertura".

Para AIEPBA, "establecer que el pago de las prestaciones a las personas con discapacidad quede en manos del Tesoro Nacional es quitar la obligatoriedad de las obras sociales a dar respuesta a las necesidades de esta población para lograr su rehabilitación, educación, entre otras, además de constituir una discriminación a su condición de afiliados como los demás".

"Hoy existen subsidios a las obras sociales para el pago de las prestaciones pero la ley 24.901 aclara expresamente que la responsabilidad última de pagar y sostener la prestación para las personas con discapacidad es de las obras sociales. Por lo tanto, cualquier decisión que deslinde, de algún modo, esta responsabilidad, podría ser un riesgo para la continuidad de la cobertura", adviertieron desde la Asociación.

‘’Si se crea un Fondo Nacional debería ser para dar respuesta a las personas con discapacidad que no tienen cobertura de salud. Porque para las que están afiliadas a una obra social existe el fondo solidario de redistribución que financia equitativamente las prestaciones de los afiliados de todas las obras sociales’’, manifestó AEIPBA, desde donde le señalaron a este medio que no fueron consultados por el gobierno nacional para brindar su postura al respecto.