miércoles 28 de septiembre de 2022 - Edición Nº 29.188

Información General | 4 sep 2022

Realizaron una Marcha de Antorchas en defensa del docente Lucas Puig, condenado en La Plata a 35 años de cárcel por abuso sexual

Participaron familiares, allegados y docentes. La movilización se realizó hasta la puerta de la Dirección de Cultura y Educación. El Poder Judicial y conocidos funcionarios que lo integran quedaron en el ojo de la tormenta.


Realizaron una Marcha de Antorchas en defensa del docente Lucas Puig, condenado en La Plata a 35 años de cárcel por "abuso sexual y corrupción de menores".

Fue la segunda jornada de protesta que se llevó a cabo en favor de Puig, el profesor de música que recibió una sentencia de 35 años de prisión acusado de abusar sexualmente de dos alumnos del Jardín San Benjamín de Los Hornos.

Se utilizó una marcha de antorchas para visibilizar el reclamo y los organizadores leyeron un comunicado que compartimos a continuación y cuestiona duramente el accionar del Poder Judicial, en especial de la controvertida fiscal Virginia Bravo:

 

Un juicio al sentido común. Un delito imposible y 12 años de injusticia.

En marzo del año 2010, una familia con estrechos vínculos con diferentes funcionarios y funcionarias de nuestro desprestigiado Poder Judicial, realizó una disparatada denuncia por abusos sexuales pretendidamente ocurridos en un jardín de infantes de Los Hornos.

La inverosímil denuncia sostenía que en apenas 10 días de clases, un docente de música había abusado de casi 30 niñas y niños con la complicidad de miembros de la institución escolar, justamente en el período de adaptación en el que las niñas y los niños asisten menos horas y muchas veces en compañía de sus familias.

Posiblemente, gracias a sus contactos dentro del Poder Judicial, esa familia consiguió que la Fiscal Virginia Bravo lograra que encarcelaran al docente de música sin ninguna investigación previa y en el tiempo récord de una semana. Su único sustento era el relato confuso de la madre de una de las niñas y su pareja. La ilegal prisión del docente duró poco, porque cuando comenzó a investigar, luego de la detención, la pericia oficial solicitada por la misma Fiscal Bravo dio como resultado que ninguno de los niños y niñas peritados mostraba señales de abuso. La consecuencia de esa pericia no sólo fue la libertad del docente, sino también, que todas las familias, salvo dos de ellas, desistieran de la denuncia. Entendieron que ese relato, en el que se involucraba a sus hijos en situaciones aberrantes, no había ocurrido.

Sin embargo, nuevamente gracias a los contactos de la familia denunciante, la Sala 2 de la Cámara de Apelación y Garantías, por mayoría y pese a que uno de sus miembros sostuvo la inexistencia del delito denunciado, decidió elevar la causa a juicio oral. El juicio fue suspendido en varias oportunidades por diferentes razones. Por ejemplo, el Juez Labombarda, luego de tener la causa en su despacho durante meses, se excusó por su relación de amistad con dicha familia.

Pese a la gravedad de los hechos y de su situación, Lucas siempre estuvo a disposición de la justicia y exigió que se realizara un juicio justo. El juicio se realizó en 2015 y por primera vez parecía que el Poder Judicial hacía las cosas bien. El docente fue absuelto por mayoría. La única Jueza que votó por la condena fue Carmen Palacios Arias. Algún tiempo después, nos enteramos de que intervino en el juicio pese a haber mantenido una estrecha relación de amistad de años, con uno de los abogados de los denunciantes.

Gracias a oscuros vericuetos legales, la familia denunciante logró que los jueces de Casación Celesia y Ordoqui anularan la sentencia absolutoria y ordenaran la realización de un segundo juicio. Precisamente el juez Ordoqui, después de esta sentencia, fue suspendido de su cargo –y actualmente está a punto de ser destituido y posiblemente detenido– acusado de integrar una banda que otorgaba beneficios procesales a cambio de dinero.

Fue así como, violando todas sus garantías, el docente fue juzgado nuevamente por los mismos hechos. En junio de 2022 arrancó el nuevo “juicio”, pero esta vez con dimensiones vergonzantes. Los relatos se acomodaron caprichosamente. Sin más elementos que las declaraciones de las familias denunciantes, ahora se sostuvo que los hechos habían ocurrido en 2009 y no en 2010. Incluso, uno de los denunciantes, mientras declaraba frente a los jueces, amenazó de muerte a Lucas sin que los funcionarios judiciales intervinieran ante la alevosa comisión de un delito obrante en el Código Procesal Penal.

En este juicio plagado de irregularidades, en el que los jueces negaron sistemáticamente los pedidos de la defensa, el docente fue condenado por unanimidad a una pena desmesurada, contando como único elemento los relatos de las familias denunciantes y lo que es más grave, desestimando con preocupantes argumentos los testimonios de las Peritos Oficiales, así como los de las maestras.

 Estas declararon que el docente nunca estaba solo con los alumnos y las alumnas, y que la dinámica de la institución, tanto en sus normativas como en sus rutinas, y hasta por su diseño arquitectónico, vuelve imposible que algo así suceda. El Fiscal y los Jueces hostigaron a las docentes por sus declaraciones, sosteniendo que el hecho de haberse movilizado pidiendo verdad y justicia sería razón suficiente para desestimar sus testimonios. Así como suena.

Para estos funcionarios judiciales, la participación de una o un docente en una movilización es razón suficiente para desestimar su discurso y para tratarlas de cómplices o mentirosas.

Es más: en este juicio se llegó a sostener que otros miembros de la institución escolar, sin más relación con el docente que las escasas horas de trabajo compartidas, sean considerados partícipes necesarios de un hecho tan aberrante como imposible.

Confiamos en que existen dentro del Poder Judicial personas comprometidas con la verdad y la justicia. A ellas y ellos les decimos que es tiempo de actuar.

Les pedimos que hagan lo que tienen que hacer.

Este fallo no sólo envía sin pruebas a un inocente a la cárcel, sino que constituye un ataque a las y los docentes y a su libertad de protesta y movilización. Es un ataque a todas y todos los trabajadores de la educación, que con su entrega y disposición de lucha por la verdad y la justicia, ¡de lo único que son partícipes necesarios es de un futuro mejor!

Decimos: ¡Basta ya! ¡LIBERTAD Y ABSOLUCIÓN PARA LUCAS!

¡Basta de estigmatizar a los docentes!

¡12 años de injusticia!

¡12 años de arbitrariedades e impunidad de un sistema judicial desprestigiado!

¡Basta ya!

 Comisión por la Libertad y Absolución de Lucas Manuel Puig

 

La marcha se realizó luego de un paro 24 horas que se sintió con fuerza en los colegios de La Plata y de una movilización que finalizó a plaza San Martín.

La gente llevó velas, pancartas y pasacalles con la leyenda “Lucas inocente”.

 

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias

NEWSLETTER

Suscríbase a nuestro boletín de noticias