El Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de San Isidro, para que se investigue por asociación ilícita a organizadores de una red clandestina dedicada a captar personas que padecen adicciones. Estafaban a los familiares de los pacientes pidiéndoles dinero a cambio de un supuesto tratamiento de rehabilitación.

La presentación fue realizada luego de que se detectó que un grupo de personas simulaba dirigir comunidades terapéuticas en la zona de Pilar. 

La organización clandestina que fue desarticulada captaba a pacientes con consumos problemáticos, y se aprovecha de la situación de vulnerabilidad que sufrían.

Luego "procedían a su secuestro y privación ilegítima de la libertad, manteniéndolas en graves condiciones de encierro, hacinamiento y dopaje compulsivo", informó la Defensoría.

“Esta situación es una clara violación a los derechos humanos, que atenta contra la vida y la libertad.  Esto no sólo genera consecuencias en la salud física, sino también afecta la salud mental de estas personas, causando daños irreparables”, manifestó el Defensor del Pueblo, que además preside el Órgano de Revisión Local de la Ley Nacional de Salud Mental. 

Además, recordó que “la Defensoría viene trabajando para denunciar este tipo de delitos que atentan contra la vida de miles de personas, en su gran mayoría jóvenes”.

Realizamos una denuncia penal para que se investigue a los organizadores de una red de comunidades terapéuticas ilegales en Pilar, por asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad y estafas.

— Guido Lorenzino (@GLorenzino) September 27, 2022

Esta actuación se enmarca dentro de la nueva norma presentada en noviembre de 2021 por el Ministerio de Salud bonaerense, para regular la habilitación y fiscalización sanitaria de instituciones de salud mental y consumos problemáticos. 

"Esta decisión también se viene trabajando en la mesa interministerial impulsada por el Ministerio de Salud, donde participamos junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, coordinando acciones que mejoren los estándares de cuidado para aquellas personas con padecimientos. Y también para que se fortalezca y visibilice las instituciones ajustadas a derecho y persiga aquellas que los vulneran", explicó Lorenzino.

Además, el Defensor aclaró que no sólo se funda en el daño a la salud, sino también a las estafas sufridas por las familias, a quienes se les pedía importantes sumas de dinero a cambio de una internación en supuestas comunidades terapéuticas, que en realidad operaban clandestinamente en la zona de Pilar. 

En ese contexto, los jóvenes eran privados de su libertad y aislados sin posibilidad de contacto con el exterior. Los mantenían "en graves condiciones de encierro, dopaje compulsivo y reducidos a la servidumbre", aseguraron desde el organismo.