Desde el 7 de diciembre pasado, cuando el Congreso de Perú echó al ahora expresidente Pedro Castillo (posteriormente detenido) y asumió en su lugar la Vicepresidenta Dina Boluarte, el país sudamericano se ha visto envuelto en una grave crisis política y social con manifestaciones que en la actualidad están presentes en 27 provincias y en las que han muerto, por conflicto directo con la Policía o por motivos relacionados con la protesta, unas 66 personas (entre ellas seis menores de edad), según la Defensoría del Pueblo del país.

Ante esta situación, el gobierno decidió implementar el Estado de sitio en algunas provincias del país a partir del lunes que viene y por sesenta días.

En diálogo con Info Blanco Sobre Negro, el dirigente de la colectividad peruana Juan Quesquén señaló que “si bien el foco está puesto en Lima el conflicto empezó en el sur y se ha extendido a la capital porque lamentablemente Perú es muy centralista”.

“Hay más de 1809 personas heridas, mucho daño en infraestructura y en la economía de las familias”, agregó Quesquén, uno de los promotores de la concentración que este jueves a las 10 horas hará el Comité “Solidaridad con el Pueblo Peruano” de Berisso, La Plata y Ensenada en la plaza San Martin de la capital bonaerense para pedir, entre otras cosas, “basta de represión en Perú”.

“Todo indica que ni el gobierno de Dina Boluarte ni los congresistas se quieren ir a pesar de que la población les está diciendo que se vayan. Están jugando a desgastar las movilizaciones para quedarse. El viernes pasado fue la última oportunidad de adelanto de elecciones para octubre de este año o para enero o febrero del año que viene, que es lo que le está pidiendo la gente al gobierno y al Congreso, y ahora la única forma de que se adelanten es que Boluarte renuncie”, detalló el militante de Libres del Sur, y agregó que entre los reclamos de los manifestantes en Perú está el pedido de una nueva Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución del '93 que instaló Alberto Fujimori en el marco de un “autogolpe de Estado”.

Además, la población movilizada también pide “el adelantamiento de las elecciones para el 2023, que se cambie la mesa directiva del Congreso por una que garantice la transición, que se investigue a los responsables de las muertes y la libertad de Pedro Castillo, además del respeto al debido proceso en la investigación por rebeldía”.

“Son muchos años de saqueo de los recursos naturales que han beneficiado a unos pocos en detrimento de las más amplias mayorías, sobre todo el sur peruano. El Perú es un país muy desigual, hay mucha pobreza”, agregó el militante de Libres del Sur.

“Tenemos una economía informal que ronda el 80 %, donde la gente trabaja el día a día, hace más de ocho horas diarias, si un día no trabaja no come, pero, sin embargo, mucha de esa gente está priorizando salir a la calle porque entienden de que es el momento histórico para arrancar los derechos que por tantos años se les ha postergado”, resaltó el vecino platense.

“Todos los que se han visto perjudicados con el modelo neoliberal de la dictadura de Alberto Fujimori exigen una nueva Constitución que sea producto de una nueva Asamblea Constituyente, donde puedan estar incluidos los que no estuvieron en las anteriores constituciones, como los campesinos, los indígenas, las mujeres, los estudiantes, los trabajadores, que exigen derechos fundamentales como la salud, la vivienda, la educación, el trabajo digno”, sostuvo Quesquén.

En virtud de las sucesivas crisis políticas en las que ha estado envuelto Perú en los últimos años, este medio le consultó a uno de los organizadores de la marcha en Plaza San Martin sobre la posibilidad de cambiar el sistema político en el país.

“Debe haber una reforma inmediata en las instituciones del Estado peruano y de la política. Después de la caída del régimen de Fujimori, una de las recomendaciones que hizo la Comisión por la Verdad, Justicia y Reconciliación (un espacio que congregó a organismos de Derechos Humanos, políticos y académicos para investigar los crímenes cometidos entre Sendero Luminoso, el MRTA y el Estado) fue que se convoque a una Asamblea Constituyente para hacer una nueva Constitución. 23 años después no ha habido ninguna respuesta de parte de la política”, resaltó Quesquén.

“Dina Boluarte y los congresistas reaccionarios dicen que los que están detrás de estas manifestaciones son terroristas porque piden Asamblea; sin embargo, el pedido tiene 23 años, pero a la dirigencia política no le interesa hacer un cambio de Constitución porque una de las cuestiones que hay de fondo es el tema de los monopolios. La actual Carta Magna reconoce a los monopolios como una falencia del mercado, pero no los sanciona, entonces tenemos la economía concentrada en pequeños grupos”, agregó el dirigente de la colectividad peruana.

Por último, Quesquén aseguró que debido a la crisis muchas provincias se han visto afectadas por el tema del desabastecimiento de productos esenciales y el gas que en el país se consume en garrafas casi ha duplicado su precio, algo que también ha permitido la especulación y está afectando a distintos sectores.

“En estos 23 años el PBI peruano ha crecido en un nivel importante; sin embargo, no se ha visto reflejado en la calidad de vida de las personas y la educación es de mala calidad y limitada en el sentido de que no todos los jóvenes pueden acceder a escuela pública y acceden a la privada. La salud no es gratuita como uno se lo imagina, los hospitales de Alta Complejidad están en Lima y muchas personas tienen que viajar cientos de kilómetros para poder atenderse. Entonces, ese crecimiento económico se lo han quedado unos pocos, al resto les quedaron migajas”, concluyó el dirigente.