Trabajar "en blanco" o en forma registrada durante esta etapa del desarrollo del capitalismo a nivel global, es una tarea cada vez menos habitual, menos requerida y que se mantiene en constante transformación.

Las nuevas tecnologías han desplazado a la mano de obra humana, y los diferentes modelos de acumulación económica que aplican los diferentes estados nacionales fueron desplazando el empleo asalariado por formas más precarias de contratación. Son los llamados "contratos basura" o las formas "precarizadas" de relación entre empleador y empleado.

Pero en cualquiera de los casos, es importante saber cómo solicitar el certificado de antecedentes penales , ya que quien nos ofrezca, eventualmente, algún empleo formal, es decir, registrado, va a querer conocer a quién contrata. No todo lo que importa es la formación técnica, es un detalle sabido por todos. 

Y en economías de uso poco intensivo de la mano de obra, ésta comienza lentamente a expandirse en términos cuantitativos. El famoso “ejército de desocupados” del que tanto se habló en trabajos de economía o sociología durante el Siglo XX ya es una realidad indiscutible. O por lo menos lo es en la mayoría de los países. 

En este marco el pleno empleo es moneda poco corriente, y la llegada del coronavirus y la pospandemia han significado una carga mayor sobre las espaldas de quienes contratan trabajadores, que vieron cómo se fue profundizando una situación de crisis económica de la que escaparon muy pocos gobierno y naciones.

En ese marco quien pretenda acceder al mercado de trabajo registrado necesita imperiosamente tener antecedentes positivos que lo avalen para ser contratado. Vale mencionar como ejemplos un buen curriculum vitae o cartas de recomendación. Es decir, quien busque ser empleado requerirá lo que podríamos mencionar coloquialmente como “una buena foja de servicios” en su vida privada, que certifique una relación positiva y aceptable con el sistema judicial.

Es indudable que la vida laboral es, en todo caso, debatible, y los antecedentes técnicos como trabajador de cualquier ser humano podrían ser discutidos en cualquier mesa de trabajo de oficinas vinculadas a los recursos humanos de algún emprendimiento, comercio, negocio, fábrica o entidad con fines de lucro.

La mácula que nunca se puede borrar es la que tiene que ver con los antecedentes penales.

Si volvemos a la reflexión que mencionamos párrafos antes, en la que analizábamos la expansión de la mano de obra ociosa y el problema del desempleo a nivel global, veremos que la gente desocupada tiene infinitas más posibilidades de lograr obtener un empleo que aquellas que tuvieron problemas con la justicia.

El mentado “ejército de desocupados” es un fantasma contra todos los trabajadores activos, ya que sustituyen con facilidad a la mano de obra que haya que desplazar ante cualquier eventualidad.

Sobre todo en tiempos de inestabilidad económica como estos, en lo que la guerra entre Rusia y Ucrania hacen tambalear todas las variables económicas en cada país.

Y no importa la distancia con el foco de conflicto: como se sabe, en la era de la última globalización se estornuda en un hemisferio y se siente el resfrío en el otro.

Con relación al certificado de antecedentes penales, también conocido como Certificado de Reincidencia Argentina (RNR) vale mencionar que se trata de un documento emitido por el Registro Nacional de Reincidencia, que forma parte de la estructura orgánica del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación Argentina.

Ese documento es la constancia que indica la situación legal histórica y actual de cualquier individuo para ser entregada o remitida a alguna   organización, ya sea gubernamental o de la sociedad civil.

Dichos antecedentes penales (en caso de que los hubiera) también podrían ser una barrera infranqueable para poder realizar o acceder a una gran cantidad de trámites, tanto dentro como fuera de la Argentina.

Incluso resulta un escollo para quienes pretendan ser contratados por el Estado, no sólo para quienes busquen obtener trabajo en el sector privado. Lo contradictorio es que, en teoría, debería ser el Estado quien fomente la reinserción laboral de quienes cometieron algún delito. Pero ese debate permanece tras el velo de la crisis global, que por estos días estremece al sistema financiero. 

En el Congreso Nacional descansan leyes que permitirían morigerar esa exigencia, que resulta contradictoria con cualquier objetivo en ese plano, el de la seguridad ciudadana y la reinserción de los detenidos que fueron liberados. Pero como tantos temas, ese debate podrá esperar hasta que se alejen definitivamente los vientos de tormenta que se ciernen sobre la economía global. 

 

Fuente de información

https://certificadoantecedentespenales.com.ar/