El juicio por supuesto pedido de coimas contra Mariano Bruera, dos exfuncionarios municipales de la gestión de su hermano Pablo y un empresario, entrará en su etapa final con el alegato de las defensas de Enrique Sette y Gustavo Petró, y las réplicas de la fiscalía de juicio y dúplicas de las defensas. Luego de esta última instancia llegará el turno de las últimas palabras de los cuatro acusados (Gustavo Orlandi, Bruera, Sette y Petró) .

Vale aclarar que la fiscal Victoria Huergo pidió ocho años de prisión para Sette (por asociación ilícita, exacciones ilegales y cohecho pasivo), seis años para Bruera (asociación ilícita), cuatro años a Petró (asociación ilícita) y tres años de ejecución condicional para el empresario Orlandi (cohecho activo). Además, solicitó la detención de los tres exfuncionarios.

Como agravantes de la pena, Huergo tuvo en cuenta en el caso de Bruera, Sette y Petró su calidad de funcionarios públicos al momento de los hechos y "las sumas millonarias de dinero que pedían" como sobornos para que se aprobaran los expedientes de rezonificación de tierras en La Plata.

Para su alegato, la fiscal desplegó una pantalla donde se detallaban el estado de las negociaciones de los pedidos de sobornos y cómo se iba a repartir el dinero entre todos los concejales de La Plata. También reprodujo audios de escuchas telefónicas en las que Mariano Bruera ordenaba "pasar la gorra" y "hacer una jugadita".

Para la acusación existió una "organización estructurada que rendía dividendos llegando a las más altas esferas" de la administración municipal. Para ello, usaron el Código de Planeamiento Urbano.

La funcionaria también habló de "varias ventanillas" que solicitaban esos sobornos y además de los acusados mencionó a los exfuncionarios Jorge Campanaro y un abogado al que identificó como (Lorenzo Jorge) Tomasi, que era director general de Servicios Técnico Administrativo.

Para Huergo, se trató de un negociado con "cifras millonarias en dólares que nunca pudo ser un negocio exclusivo de los segmentos más bajos de la Municipalidad" y resaltó que "los casos de corrupción son estructuras enquistadas en las administraciones públicas de casi todo el país".

Cabe destacar que en esta causa ya fueron condenados en juicio abreviado Roberto Moreno y Christian Ybarra por "asociación ilícita", entre otros delitos. 

Por su parte, el defensor de Bruera, Alejandro Montone, señaló que "fue una tarea por demás compleja" defender al primero "de meras conjeturas forzadas carentes de elementos objetivos" y denunció que hubo un "quebrantamiento del derecho a defensa en juicio".

Según Montone, durante el debate "no se acreditó la existencia de una asociación ilícita" y "no hay pruebas que apunte a Mariano Bruera", y mostró su enojo con la fiscal por intentar sumar como prueba la condena dictada por un juez del Tribunal Oral Criminal I de La Plata que recayó sobre Moreno e Ybarra.

Sobre las escuchas telefónicas (que no desconoció), Montone señaló que la expresión "hacer una jugada" por parte de Bruera lo dijo en relación con solucionar un problema para obtener rédito político. En tanto sobre la polémica frase "pasar la gorra para algunos lugares" alegó que se trataba de una colecta para tareas sociales con fines solidarios.

Montone pidió la absolución de su asistido y como planteo subisidiario en caso de condena que se aplique el mínimo de la escala penal del delito de asociación ilícita, es decir, tres años y que se valoren como atenuantes de la pena que siempre estuvo a disposición judicial, su calidad de médico, que tiene hijos menores y su familia constituida.

Por su parte, la defensa de Orlandi, procesado por el presunto pago de una coima para lograr la rezonificación de media hectárea en la localidad de City Bell, solicitó la absolución por entender que “resulta imposible acreditar con el grado de certeza necesario” que se produjo el pago del soborno a cambio de la aprobación del expediente.

Los abogados Marcelo Peña y Analía Franchino aseveraron que la acusación se sostiene con base en "pruebas efímeras, endebles, parcializadas y sectorizadas" y calificaron a la imputación como "pueril".

Para Peña, la fiscal de juicio Victoria Huergo "no buscó la verdad jurídica objetiva" y subrayó que "la falta de certeza no destruye el principio de inocencia" que pesa sobre su asistido.

Además, la defensa del empresario se lamentó "que no le intervinieron el teléfono a Orlandi" porque "se hubiera caído la causa" que pesa sobre el empresario, y solicitó la absolución de su asistido y como planteo subsidiario ante una eventual condena se aplique el mínimo de la pena que para este delito (cohecho activo) es de un año de prisión. En tanto, la fiscal requirió que sea de tres años de prisión condicional.

Sobre la causa

La investigación se inició en el año 2014 tras la denuncia de Guillermo Andreau, que intentó cambiar la zona asignada a sus tierras con el objetivo de lotearlas y ponerlas a la venta para beneficiarios del plan nacional de viviendas Procrear, pero le solicitaron el pago de 220.000 dólares para la aprobación del expediente mediante un decreto con la firma de Sette y el entonces intendente Pablo Bruera.

La polémica escaló tan alto que el entonces titular de la ANSES Diego Bossio llegó hasta la capital provincial para aclarar que el gobierno federal era ajeno a la maniobra, poner a disposición judicial toda la documentación que requiriera y ayudar a que los beneficiarios del plan de viviendas puedan avanzar en la concreción de la escrituración de sus lotes .

En el allanamiento realizado el 7 de julio de 2014 en la Municipalidad de La Plata se secuestró en la Dirección de Planeamiento el expediente 4061-9187/14 iniciado por Orlandi el 9 de abril de ese año en el que solicitaba la rezonificación de lote de terreno. La fecha coincide con lo que surge de las escuchas, mensajes de textos y mails intercambiados entre los condenados Ybarra, Moreno y el fallecido Moratti.

La fiscal dio por probado que en fecha cercana al 5 de junio de 2014 Orlandi entregó a Ybarra la suma de 10.000 dólares con el objeto de obtener la rezonificación de un lote ubicado en calles 158 entre 470 y 471.

El debate está a cargo del Tribunal Oral Criminal II de La Plata presidido por la jueza Silvia Hoerr e integrado en esta oportunidad por los jueces Claudio Bernard y Hernán Decastelli.