sábado 25 de septiembre de 2021 - Edición Nº 29.188

Información General | 5 sep 2016

Opínión

¿Quién le pone el cascabel al “tarifazo”?

La Corte Suprema de Justicia expresó en su reciente fallo que los “Servicios Públicos” (electricidad, gas, agua y cloacas) son esenciales para la sociedad, son aquellos cuyas prestaciones se consideran vitales e indispensables para el conjunto de los ciudadanos. Se trata de sectores y actividades esenciales, pues en ellos los ciudadanos satisfacen el contenido sustancial de los derechos y libertades constitucionalmente protegidos.


Además, al tratarse de monopolios necesariamente los usuarios no pueden elegir otro prestador que le brinde el servicio con una tarifa menor.

El acceso a esos servicios abonando tarifas razonables y no confiscatorias es vital para la vida de los ciudadanos, pero también para la supervivencia de las empresas y comercios que utilizan esos servicios como insumos para producir y ofrecernos otros bienes y servicios.

Sabemos que la discusión del valor de las “Tarifas de los Servicios” no está ajena a la discusión de las “inversiones” y de los “costos de peración/producción/mantenimiento” de los mismos, pero tampoco está ajena a la discusión de las ganancias de las empresas prestadoras.

El Gobierno Nacional, simplemente, nos ha manifestado que la “ecuación no cierra” y hay que pagar más, muchísimo mas!, sin visualizar ninguno los aspectos mencionados. No obstante, sí nos ha extorsionado diciendo que si no se incrementan las “tarifas” no se van a realizar las inversiones necesarias y se va a resentir la calidad y continuidad de los servicios. También nos ha dicho que, como consecuencia de las políticas del gobierno anterior, no hubo inversiones. Los datos que surgen de los “Balances” de las Empresas de Energía lo desmienten, muchas inversiones fueron realizadas para acompañar el crecimiento sostenido del consumo energético que en los últimos 10 años aumentó a razón del 4% anual. Muchas de esas inversiones fueron realizadas por el Estado.

También nos remarcaron la necesidad de lograr el “autoabastecimiento” gracias al “tarifazo”. Datos del Ministerio de Energía confirman que de haberse continuado con las políticas implementadas por el gobierno anterior desde la re estatización de YPF, y sin mediar aumento tarifario alguno, el autoabastecimiento” se hubiera logrado en el 2019. No tiene sentido lograr el “autoabastecimiento” a costa de ajustes en el consumo de energía motivado por tarifas excesivas y por la reducción en la actividad económica.

Los países desarrollados se han preocupado siempre por satisfacer las demandas energéticas de un sistema productivo en crecimiento y de los usuarios residencial y de prestadores de servicios, a la vez que han buscado diversificar las fuentes de energía, como Alemania y España con las “renovables”, para lograr la sustentabilidad. A esos países nunca se les ocurrió lograr el “autoabastecimiento” haciendo caer la demanda de energía por la vía de tarifas tan altas que nadie pueda pagarlas, ni las industrias, ni los comercios, ni los ciudadanos.

Nos preguntamos: ¿Si el “costo” de los servicios públicos es muy alto, que es lo razonable? Recurrir a los “subsidios” por parte del Estado o aumentar desmedidamente las “tarifas”?, que para la zona de La Plata, en promedio implica los siguientes incrementos:

(VER CUADRO EN IMAGEN)

Nosotros estamos a favor de los subsidios y que estos se dirijan tanto a que los usuarios “residenciales” (familias) como a los “no residenciales” (comercios y empresas).

El “subsidio” cubre la brecha entre lo que “debería pagar el usuario” y lo que paga. No implica que la empresa, por la existencia del subsidio, “deje” de percibir los fondos para cubrir la estructura de costos. El subsidio puede provenir del Estado o de usuarios que pagan más respecto de otros. En Argentina siempre existieron los subsidios y en los últimos años los provenientes del Estado fueron los más relevantes.

El aumento desmedido de las tarifas para los usuarios “residenciales” repercute muy negativamente en la calidad de vida. Si pagamos mayores tarifas muchos dejamos de consumir otras cosas.

En el caso de los usuarios “no residenciales” somos muy consientes del impacto sobre los costos de producción. El primer efecto es minar la rentabilidad de los comercios y empresas. Y sí, llevando a muchas de ellas a la quiebra, si no pueden trasladar esas tarifas a precios. Lo peor es la pérdida de los puestos de trabajo (incluido el del dueño) y el nefasto impacto que tiene sobre las familias que dependen de esas actividades para su sustento.

Argentina no es el único país que “subsidia” servicios públicos, y en particular energía (electricidad y gas). Los países del G-20, los más ricos del mundo, pagan más de 1.000 dólares per cápita en subsidios a los combustibles fósiles.

En Argentina, miembro del G-20, los subsidios rozaban los 500 dólares por persona antes del 10/12/15. Cuán lejos estamos aún de lo que hacen otros países como EE.UU que subsidia a razón de 2.177 U$S por persona; Australia U$S 1.259, China U$S 1.652. También los estados petroleros del Medio Oriente (Qatar U$S 6.000, Arabia Saudita U$S 3.400, Emiratos Árabes Unidos U$S 3.000 por persona).

Cuando hablamos de “subsidios” no sólo nos referimos al “consumo” de los servicios públicos (luz, gas, agua). Sino también a su “acceso”. El crecimiento demográfico implica la expansión de los servicios públicos desde el “centro” de las ciudades hacia la “periferia”. El “centro” está provisto, en tanto la “periferia” no. Y es en ese lugar donde suelen localizarse las familias con menores ingresos. Muchas de ellas incapaces de afrontar los costos de expansión de esos servicios. En este caso el “subsidio” al acceso es imprescindible y constituye un avance hacia la distribución más justa del ingreso y hacia la mejora sustancial en la calidad de vida de las familias beneficiarias.

Las grandes inversiones en expansión de redes del servicio de “Agua y Cloacas” históricamente las ha realizado el Estado Nacional, también las plantas de potabilización y de tratamiento. En los momentos en que estuvieron en manos privadas fue mínimo el avance de las obras y motivo de múltiples reclamos por los incumplimientos sistemáticos en los planes de inversión. Con esto queremos destacar que estamos de acuerdo con que tales empresas estén en poder del Estado.

Nosotros no estamos de acuerdo con el “tarifazo”, sí con tarifas “justas y razonables”. La “Audiencia” constituye una victoria indiscutible de la movilización popular, que con diferentes acciones (ruidazos – interposición de recurso s- creación de un estado deliberativo) ha logrado que la Corte Suprema de Justicia se expida ante uno de los tantos amparos presentados, el del CEPIS (Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad).

Sabemos que la puja por las “tarifas” no está agotada y no nos podemos relajar. Recordemos que el “tarifazo” está vigente para la industria y el comercio (que en términos de consumo representan el 76,4% del total). Y aún resta la “Audiencia” que al no ser vinculante puede derivar en el mediano plazo en la reinstauración del “tarifazo”. La Corte hizo énfasis en su facultad para controlar “la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de las tarifas” y le ha dado un mensaje al Poder Ejecutivo y a la decisión que termine tomando una vez consumadas las audiencias. Debemos informarnos, organizarnos y movilizarnos. Digámosle “No al Tarifazo”.

Por eso, el sábado 10 de Septiembre de 2016 te convocamos a una charla con Federico Bernal Director General del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, especialista en temas energéticos y tarifarios, en la Plaza San Martín de City Bell, Diag. Urquiza y 467 a las 10.30 hs.

Vecinxs de City Bell, Gonnet, Villa Elisa, contra el neoliberalismo

[email protected]

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