viernes 26 de julio de 2024 - Edición Nº -2060

Información General | 24 may 2023

Apareció la historia clínica del hospital al que trasladaron a Báez Sosa y la defensa de los rugbiers podría pedir la nulidad del juicio


Una prueba que hasta ahora no se conocía podría hacer caer la sentencia contra los seis rugbiers condenados por la muerte de Fernando Báez Sosa en 2020.

Se trata de la historia clínica del hospital de Villa Gesell al que el joven fue llevado tras ser atacado por los ocho condenados, según la cual Báez Sosa ingresó con vida al centro asistencial y registró actividad cardíaca hasta las 5.55, pese a que la sentencia del juicio por el caso estableció que la muerte se produjo más de una hora antes y en el boliche donde lo habían agredido. Ante esta situación, previo incorporar la prueba documental al expediente, la defensa insistirá en pedir la nulidad del fallo.

Según el informe médico elaborado en el Hospital Municipal Arturo Illia de Villa Gesell, Báez Sosa llegó al lugar “en estado inconsciente” a las 5.15, trasladado por una ambulancia, y padeciendo un “paro cardíaco”, por el cual se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y de desfibrilación, “sin respuesta”, hasta que se constató su muerte a las 6.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que este reporte no formó parte del material analizado en el juicio realizado el último verano en el Tribunal 1 de Dolores, pero fue incorporado digitalmente al expediente el mismo día de inicio del debate.

En este sentido, la historia clínica será uno de los elementos utilizados por la defensa de los condenados, a cargo del abogado Hugo Tomei, para insistir ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense en el pedido de “nulidad absoluta del veredicto y la sentencia”, que el último 6 de febrero condenó a prisión perpetua a cinco de los acusados y a 15 años de cárcel a los otros tres.

Fuentes cercanas a la defensa de los sentenciados señalaron que la historia clínica “contradice” a la sentencia y demuestra que “Báez Sosa murió en el hospital y la investigación estuvo mal dirigida desde el inicio”.

En sus 14 carillas, el informe médico incluyó cuatro registros de electrocardiogramas y en tres de ellos - a las 5.27, 5.45 y 5.55- se advirtió actividad cardíaca hasta que a las 6 constató su fallecimiento la médica Silvia Romero. La hora del fallecimiento coincidió con la indicada por el juez de Garantías David Mancinelli, quien al elevar a juicio la causa el 4 de febrero de 2021 precisó que “siendo las 6 horas, se certificó su lamentable fallecimiento por parte del personal del nosocomio local”.

Para Tomei, estos elementos contradicen el testimonio brindado en la sexta jornada del juicio por la médica ambulancista Carolina Giribaldi Larrosa, integrante del equipo de emergencias que asistió a Báez Sosa. Esta testigo declaró que la víctima “no tenía signos vitales” cuando llegaron al lugar del ataque cerca de las 5.05, y que tenía “pupilas midriáticas (dilatadas), no tenía reflejos, ni movimientos respiratorios, y no tenía pulso”.

La médica sostuvo ante los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari que el joven “no tenía posibilidad de sobrevida” con esas lesiones sufridas y detalló que tras encontrarlo tirado frente al boliche “Le Brique”, lo trasladaron al hospital con asistencia de oxígeno, mientras le practicaban masaje cardíaco.

Por último, tras la difusión pública de la historia clínica, el abogado de los padres de la víctima, Fernando Burlando, aseguró que el joven “fue asesinado en el lugar” y que el personal médico constató que “no tenía signos vitales”. En la misma línea, fuentes cercanas al Ministerio Público Fiscal aseguraron que “no cambia en nada la historia” y recordaron que ese reporte clínico no fue incorporado al juicio por pedido de Tomei.

Vale recordar que por el crimen de Báez Sosa fueron condenados a prisión perpetua Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (23), Matías Benicelli (23) y Luciano (21) y Ciro Pertossi (22), mientras que Blas Cinalli (22), Ayrton Viollaz (24) y Lucas Pertossi (24) recibieron una pena de 15 años de cárcel, como “partícipes secundarios”. Los condenados cumplen su pena en la Alcaidía Penal de Melchor Romero, en La Plata, en el que se encuentran desde el 13 de marzo de 2020.

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