La Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Buenos Aires (AIEPBA) confirmó este martes que el gobierno de la Provincia autorizó un nuevo incremento en el valor de los aranceles que deben cobrar los establecimientos en septiembre, aunque en la entidad se quejaron porque, aseguran, "la medida llegó cuando todos los colegios ya cobraron el mes en curso".

El nuevo aumento es de 5,4% sobre la cuota de agosto y a ello debe sumarse una autorización previa realizada por el gobierno bonaerense de 9%. Por eso los centros educativos privados podrán cobrar hasta un 14.4% más que en agosto.

“La decisión llega tarde porque la gran mayoría de los establecimientos ya envió a los padres de los alumnos la cuota arancelaria correspondiente a septiembre. Por lo tanto esto provocará un trastorno administrativo porque habrá que agregarlo a la liquidación del próximo mes. Además, otra vez el permiso de mejora en los aranceles queda debajo del aumento de los costos salariales que deben afrontar los institutos”, cuestionó el Secretario Ejecutivo de AIEPBA, Martín Zurita.

Con el nuevo aumento, en lo que va del año los aranceles subirán un 93%, un incremento que golpea fuertemente a las familias que los pagan.

“Cada vez se amplía más la brecha entre lo que pueden cobrar los colegios y los incrementos en costos salariales. Entre lo que no se pudo recuperar de 2023 y el acumulado del 2022, la pérdida de capacidad de financiación por cuota mensual está un 27% por debajo del costo que tienen que afrontar los colegios para pagar los haberes de maestros y profesores”, alega  Zurita.

Encima, AIEPBA dice que por la pandemia de Covid "muchos propietarios y administradores tuvieron que tomar deudas y créditos para seguir funcionando". Un argumento que podrían compartir casi todos los sectores económicos y sociales, vale aclarar. 

Por otra parte, la institución que agrupa a la gran mayoría de los colegios cuestionó medidas oficiales como la inclusión de los colegios en el programa de Precios Justos (que tuvo lugar en febrero de este año) y también "la decisión unilateral e inconsulta de obligar a todos los establecimientos a pagar el bono de 60 mil pesos dispuesta por el Ministerio de Economía".

Por último, advirtió sobre "la situación extrema de por lo menos 30 colegios que están en 'serio riesgo' de cerrar y suspender la prestación de los servicios educativos por imposibilidad económica de afrontar los costos".