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El gobierno bonaerense anunció el retorno de las clases presenciales en 21 municipios de riesgo sanitario "bajo" desde el próximo 26 de octubre. La vuelta sería en forma progresiva y con grupos reducidos de alumnos. UDOCBA ya manifestó su rechazó.

"Vamos a hablar con la Directora General de Escuelas. La información dada no es clara y fue muy mal transmitida a la comunidad”, aseguró en declaraciones radiales el secretario del gremio docente, Miguel Díaz.

“De los 24 distritos anunciados, Chivilcoy ya se bajó y dijo que no está en condiciones. El virus se está expandiendo en el interior de la provincia. Hay que ser obsesivo en el cuidado. Es un momento con más infectados y muertos", agregó el dirigente.

“Comunidades educativas de diferentes localidades y nuestra organización gremial manifestamos preocupación por los alcances de esta arriesgada movida que pone en peligro la salud y la vida de niños, niñas y adolescentes, la de sus familias que pueden contagiarse el virus, y también la de los compañeros y compañeras docentes”, advirtieron desde el gremio en un comunicado.

Y remarcaron: “Apelamos a la responsabilidad de las autoridades al  tomar decisiones en este momento crítico de circulación de la enfermedad. Es evidente que los datos que manejan funcionarios y funcionarias provinciales no se condicen con la información fidedigna y actualizada que gestionan los y las intendentes en cada distrito, que en algunos casos dan a conocer y en otros se reservan”.

En una entrevista con la FM 103.5 de la localidad de 25 de mayo, Díaz amplió: "No hay condiciones para volver. Primero porque faltan 6 semanas hábiles para fin de clases. Segundo porque estamos en pico de pandemia en todo el territorio argentino.  Hay una decisión desacertada impulsada por CABA, una chicana política".

"No hay metros cuadrados suficientes en las escuelas. Una cosa es la teoría y otra es la práctica. Las aulas fueron construidas para 20, 24 alumnos/as. Tenemos aulas de 3x4 mts cuadrados", agregó.

Y adelantó: "Nosotros vamos a exigir todas las condiciones. Las autoridades tienen que entender que es más grave el remedio que la enfermedad. Las decisiones tienen que ser avaladas por el Ministerio de Salud".

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