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Los datos que surgen del censo que realizó el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en el marco del Plan de Intervención Integral, y que fue solicitado por el juez de Garantías de La Plata con asiento en la localidad de Cañuelas, Martín Rizzo, son reveladores.

La gencia Télam accedió al estudio, que fue solicitado de cara al desalojo previsto para el 1 de octubre o a más tardar para los días 2 y 5 de ese mes.

El 90 por ciento de las personas que ocupan el predio de más de cien hectáreas en la localidad bonaerense de Guernica, partido de Presidente Perón, y que será desalojado el próximo jueves 1 de octubre por orden judicial, son desempleados que no pueden afrontar un alquiler, en tanto que medio centenar de ellos son mujeres en situación de violencia de género, señala el informe.

Vale aclarar que comenzó a funcionar una "Mesa de Articulación" integrada por los ministerios de Desarrollo de la Comunidad, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos; la subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, la subsecretaría de Políticas Sociales y los organismos de la Niñez y Adolescencia, la Defensoría del Pueblo de la provincia y la Universidad Nacional de La Plata. Ese espacio multisectorial "trabaja contrareloj para lograr la desocupación del predio el próximo jueves", publicó Télam.

La idea es ubicar a los ocupantes -que se encuentran instalados en precarias casillas armadas con maderas y cercadas en parcelas delimitadas con alambres o cintas- en los mismos distritos de donde provienen, aunque la mayoría, al tomar contacto con los funcionarios, declaró domicilio en el partido de Presidente Perón y no tener un empleo fijo, "salvo esporádicas changas".

Acompañados por movimientos y organizaciones sociales, los ocupantes integran una Mesa de Diálogo, de la que participan el Movimiento de Unidad Latinoamericana por el Cambio Social, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), la Víctor Choque, Polo Obrero, Barrios de Pie, Darío Santillán, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y el Foro por la Niñez, entre otras organizaciones.

Por su parte, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, mantiene contacto con el juez de la causa, a quien le pidió negociar "una salida sin violencia" del predio que es reclamado por una sociedad anónima y que según quienes lo tomaron se encuentra abandonado "desde hace 40 años".

Paralelamente, el Ministerio de Seguridad provincial afectará a unos 500 policías en el operativo de desocupación. Esa cartera, encabezada por Sergio Berni, recomendó al fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta efectuar el desalojo "con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y de los bienes" y recurrir "al uso de la fuerza en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible".

"Deberá ser necesaria la presencia del servicio de asistencia médica, ambulancia, internación y/o traslado de las personas y otros que se requieran", se aconsejó y se ordenó que también "deberá notificarse al asesor de menores e incapaces interviniente, al igual que a todos aquellos organismos provinciales cuya presencia se considere necesaria, en particular los encargados de activar protocolos referidos a la pandemia derivada del Covid-19".

"Las familias todavía están. Por la noche algunas se quedan a dormir, otras no, hay más gente de día, y se intentará relocalizarlos", dijo a Télam la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, quien consideró "lógica" la resolución del juez de la causa de impulsar el desalojo.

"La gente que formó parte de la toma tuvo tiempo para hacerse a la idea que tiene que desalojar un lugar", explicó Cantero, que se reunió ayer con intendentes de la región y los ministros Larroque y de Justicia, Julio Alak, con quienes analizó la forma de desalojar "sin violencia".

Del encuentro también participaron los jefes comunales de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; de San Vicente, Nicolás Mantegazza; Florencio Varela, Andrés Watson; Ezeiza, Gastón Granados, y representantes de Esteban Echeverría.

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Hundidos en la miseria, como muestran los resultados de la encuesta

Para abordar la situación, el Gobierno provincial realizó un censo, en el que se identificaron -de modo aéreo- 2.127 "hechos físicos"; es decir, pequeñas construcciones, en parcelas, con distinto nivel de precariedad levantadas por los ocupantes.

Debido a que no hay una cantidad de personas fijas en cada construcción, el censo no pudo determinar un número total de ocupantes del predio, pero se relevaron 1.904 grupos familiares o personas adultas solas, y 440 parcelas que habían sido demarcadas durante la toma estaban deshabitadas.

Los números arrojaron que hay 1.309 familias con niños, niñas o adolescentes, 307 personas adultas solas y 288 casos restantes que corresponden a otro tipo de constitución (más de dos adultos sin menores, parejas sin hijos, etc).

Los 1.904 grupos censados declararon 2.797 niños, niñas y adolescentes y el censo reveló que la situación de habitabilidad en las ocupaciones es dinámica; es decir que la cantidad de personas en la toma no está presente todo el tiempo o en simultáneo.

Acerca de la situación laboral, los adultos contestaron que 1.859 son desocupados, 494 ocupados, 271 con trabajo informal y otros 20 son jubilados, pensionados o tienen algún tipo de discapacidad.

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Fuente: Télam