

La Municipalidad de La Plata anunció la creación del programa Tarjeta Alimentar Platense, cuyo objetivo es brindar una prestación económica a comedores y merenderos comunitarios del Partido. La propuesta ya beneficia a 240 espacios que asisten a personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo niños, adolescentes, mujeres embarazadas, madres lactantes, personas mayores y personas con discapacidades.
La iniciativa alcanzará a aquellos espacios que se inscriban en el Registro Municipal de Comedores (REMUCOM), creado recientemente por la gestión del intendente Julio Alak.
A cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, la tarjeta asignará montos mensuales a comedores comunitarios y espacios de ayuda social mediante una tarjeta emitida por el Banco de la Provincia de Buenos Aires que solo podrá ser usada en comercios de venta de alimentos.
Los montos oscilan entre los 70 mil y los 180 mil pesos, dependiendo de la cantidad de personas asistidas, y el responsable de cada comedor deberá rendir cuentas de los gastos realizados para asegurar la continuidad de la prestación.
En caso de detectarse gastos menores al monto asignado o compras de artículos no permitidos, como bebidas alcohólicas, la tarjeta será desactivada.
Además de la asistencia económica, la iniciativa incluye estrategias de acompañamiento social y capacitaciones en seguridad alimentaria, gestión de espacios comunitarios y conservación de alimentos coordinadas con organizaciones educativas y gremiales locales.
Por último, vale destacar que los comedores que se inscriban no pueden recibir asistencia similar de otros organismos estatales. Además, la rendición de cuentas es obligatoria y debe presentarse mensualmente.
El REMUCOM
Actualmente, hay alrededor de 750 comedores y espacios de asistencia registrados en el REMUCOM y para garantizar su buen funcionamiento se están estableciendo convenios con la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que permitirán categorizar y evaluar el tipo de asistencia que necesita cada lugar y también dar de baja aquellos sitios que presenten irregularidades.
Asimismo, se proyecta que el registro sea público y digital, posibilitando que personas con dificultades para acceder a la alimentación puedan dirigirse a comedores que brindan asistencia alimentaria con recursos públicos.