Avanza la investigación judicial por las amenazas en las escuelas de La Plata. Desde que comenzaron los episodios el pasado 15 de abril, ya fueron identificados cerca de 30 menores de edad.

El dato surge en el marco de la causa que concentra las más de 50 denuncias registradas sobre un fenómeno que alteró el normal funcionamiento de varios establecimientos educativos de la capital bonaerense.

En función de de cada caso, se ordenaron allanamientos en los domicilios de los implicados y también el secuestro de teléfonos celulares, especialmente en aquellas situaciones en las que las amenazas fueron realizadas a través de redes sociales.

La Justicia también ordenó allanamientos en los domicilios de los implicados y el secuestro de teléfonos celulares para determinar el origen de los mensajes y establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

La decisión de unificar todas las denuncias en una sola fiscalía busca agilizar el trabajo y tener una visión integral del fenómeno. A partir de esto, se analiza cada episodio de manera individual, tomando contacto con las autoridades de las escuelas afectadas y reconstruyendo cómo se produjeron las amenazas, según informó 0221.

La fiscalía que lleva adelante la investigación es la N°16 y está a cargo de Juan Cruz Condomí Alcorta, quien cuando se trata de menores involucrados deriva las causas a la fiscalía de menores a cargo de Carmen Herrera.

La Provincia creó un protocolo para este tipo de casos 

Tras las amenazas de tiroteos registradas en al menos 12 escuelas del país en las últimas semanas, la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires enviaron entre el viernes y el sábado de la semana pasada un protocolo específico a los establecimientos, con pautas detalladas de intervención. 

El documento establece que, ante la detección de amenazas o mensajes que refieran a posibles ataques o presencia de armas, las instituciones deben actuar con “celeridad”, priorizando el resguardo de la vida y la integridad física y emocional de la comunidad educativa.

En esos casos, se fija una cadena de comunicación inmediata: el personal debe informar al equipo directivo, que a su vez dará aviso a los inspectores de enseñanza y a las autoridades distritales y regionales. Por su parte, la dirección del establecimiento deberá radicar la denuncia ante la fiscalía o dependencia judicial correspondiente para dar inicio a una investigación.

El protocolo también señala que, en una primera instancia, se debe evitar la identificación de estudiantes involucrados, a fin de resguardar sus derechos durante el proceso. Esta pauta aplica tanto para amenazas escritas en carteles o paredes como para mensajes difundidos en entornos digitales.