Por: Nicoás Harispe

El caso Lucio Dupuy es uno de los más escalofriantes y que desnuda como nunca antes los prejuicios y los dogmas que hay sobre la tenencia de los menores en la justicia argentina.

También es uno de los menos conocidos, porque la mayoría de los medios de comunicación de alcance nacional lo abordaron muy superficialmente. Todos en Argentina saben, por ejemplo, el nombre de cada rugbier que pateó la cabeza de Fernando Báez Sosa. Pero el derrotero de Lucio, las vejaciones que sufrió, el dolor con el que llegó hasta su último día, los pormenores de la lucha por la tenencia del menor y los placeres sádicos de su madre y su pareja son menos conocidos. Y poco dados a conocer.

 

 

El caso Lucio Dupuy puede ser una bisagra para eso que llamamos justicia. Y es uno de los más dolorosos de los últimos tiempos.

El crimen y los vejámenes que sufrió podrían impulsar a la sociedad argentina hacia un debate con menos prejuicios sobre la tenencia de los menores, y adecuar el marco legal que lo regula. 

Sobre todo del papel que desempeñan los funcionarios judiciales, integrantes de una casta privilegiada que goza de un marco laboral inmejorable, y que disfruta de una estabilidad a prueba de vidas.  

Porque en los tribunales de La Pampa siguen las actuaciones y los testimonios de todos y todas, menos del pobre Lucio. Para él la Justicia fue uno de sus verdugos. Está a la vista de todos que no sólo le corresponde pagar culpas a las victimarias, sino también a quienes le dieron las herramientas para que lo fueran. La jueza.

Pero allí, en esa esfera de la vida social no cambia nada. Ahí nadie le rinde cuentas a nadie, la vida transcurre entre expediente y expediente, vacación tras vacación, y al final del camino está el retiro bien pago que gozan todos los que finalmente se jubilan.

Lucio, en cambio, ya no tiene ni futuro ni tendrá retiro. Y quienes lo mataron y son responsables de que haya sido, entre tantas vejaciones, penetrado con consoladores durante juegos íntimos que disfrutaban la mamá y su novia.

La jueza que ordenó la entrega de Lucio a sus asesinas, Ana Clara Pérez Ballester, por estas horas seguramente esté dorándose al sol sobre playas de arenas tibias. Pero de eso no se habla.

El límite del debate y de las opiniones, al parecer es acotado.

Hay una deliberada estrategia en pos de obturar cualquier debate social que muestre las injusticias que devienen del sexismo, los prejuicios y el dogmatismo de gran parte del aparato judicial.

Es un reino de gente con poco apego al laburo, y mucho menos al diálogo y la interacción con las víctimas. Una casta muy bien paga, con estabilidad eterna, de gente inamovible y que ni siquiera tributa como el resto de los mortales de este país, como se dijo.  

El dolor de la familia Dupuy no tuvo promociones ni auspiciantes en los grandes medios, pero existe, y cada día grita más fuerte.

Para que se entienda tanta bronca creciente: la jueza que dictó que le quitaran la tenencia de Lucio a su familia paterna no se tomó ni siquiera el trabajo de ordenar un informe ambiental de la progenitora del menor.

Pero sí lo hizo cuando la progenitora que le metía objetos en sus partes íntimas a su hijo reclamó su tenencia dos años después de una gira por las sierras de Córdoba, donde habría avistado OVNIS y fumado muchos porros. Es decir, cuando comenzó el calvario del pequeño asesinado.

Todo ese tiempo (es decir, casi los dos primeros años de Lucio) había vivido con su familia paterna: sus tíos, sus abuelos, su padre, sus primos.

"Era muy feliz" aseguran las personas que lo conocían. No sabía quién era su madre, ya que casi no tenía registros de ella, que, como dijimos, andaba de gira buscando platos voladores y deconstruyéndose en una comunidad jipi.

 

 

Hasta que un día, esa "madre" que lanzaba denuncias por violencia de género cada vez que pisaba la ciudad donde vivía Lucio, General Pico, de nombre Magdalena Espósito Valenti,  y su novia, Abigail Páez, volvieron a la carga por el nene, que era un trofeo y un medio de vida gracias a la AUH y a la mensualidad que le entregaba el papá. También le cobraban a la familia paterna cada conexión por Zoom, ya que eran tiempos de pandemia.

Sin ingresos fijos y con un departamento recién alquilado, sólo necesitaron ir al juzgado de familia a pedir la tenencia del chiquito. Ni una charla de café con alguna trabajadora social tuvieron que brindar. 

 

La jueza Ana Clara Pérez Ballester no lo dudó ni tampoco se mostró preocupada y ocupada por Lucio. Ordenó que lo sacaran del único hogar que había tenido hasta entonces (en General Pico, con sus tíos y el abuelo) para que se lo dieran a la pareja de mujeres que regresaba de su viaje cósmico.

Porque antes del reclamo por la tenencia de Lucio, cuando el niño era un pequeño bebé, ambas salieron de viaje hacia el Uritorco. Y para que quedara en guarda con los tíos, los funcionarios judiciales exigieron con vehemencia varios estudios y trámites, tanto a ellos como al papá. Por el contrario, cuando la progenitora volvió de encontrarse con los extraterrestres no le pidieron ni un certificado buco dental. 

¿Por qué? Porque la justicia fue colonizada lentamente por un dogma lleno de prejuicios y sexismo. Ahí no hay muchas cavilaciones: al “patriarcado” lo combaten con una sierra ancha y ruidosa, no hay lugar para la duda, no favorece la “deconstrucción” del “machismo” que fue el rasgo que distinguió a las sociedades occidentales desde tiempos inmemoriales. Y ¡Bingo!, como remplazo al dogma “machista ” introdujeron uno nuevo, de corte “feminista”. Y como pasa por lo general en este país, todo se opera en blanco y negro, sin matices, sin escuchar, a las piñas, con rigor. 

Ese rigor lo sufrieron primero los familiares del chiquito, y finalmente hizo que Lucio muriera, o mejor dicho, que fuera cruelmente asesinado por las bestias, que hasta le dejaron una marca de una zapatilla en la espalda de tanto pisarlo. Literalmente hablando. Así enterraron al niño: marcado por un pisotón, violado, y con su cuerpo lleno de sangre por los golpes que recibió en el hígado tres horas antes. Los llamaban "correctivos" entre ellas, según constató la policía luego de secuestrarles el teléfono tras el crimen.

¿Qué dijo la jueza que lo “entregó” a la pareja de sádicas y en consecuencia a la muerte? No dijo nada. Y nadie le pidió que diera explicaciones. Es una casta que se autorregula, con rémoras decimonónicas ("su señoría", por ejemplo). La constitución nacional debería tener un artículo que dijera: “Quedan eximidos de todas estas obligaciones los funcionarios del poder judicial que lo deseen”.

Porque así funcionó la "justicia" luego de haber fallado tremendamente, es decir, perpetuó o extendió su propia inmoralidad e indolencia.

El derrotero y la muerte de Lucio tienen aspectos que la gran mayoría de la población desconoce. Ello se debe probablemente a que la mayoría de los medios de comunicación de alcance nacional lo abordaron muy superficialmente.

Todos en Argentina saben, por ejemplo, el nombre de cada rugbier que pateó la cabeza de Fernando Báez Sosa. Pero los pormenores de la lucha por la tenencia del menor y los placeres sádicos de su madre y su pareja son menos conocidos. 

Un ejemplo: Lucio estaba mal nutrido, pasaba hambre. Fue a un cumpleaños, y como cualquier niño ingirió demasiado alimento hasta que vomitó. Primero en la fista del cumpleañero, y cuando lo llevaron a su “hogar”, volvió a vomitar. Pero no lo llevaron al médico, y mucho menos lo abrazaron para contenerlo y esperar que volviera a estar bien. Al contrario: lo dejaron en penitencia toda la noche en un patio, a la intemperie.

Ya lo publicamos en este medio: Los dibujos que hizo Lucio Dupuy antes de que lo mataran “no tenían ojos ni piernas” por las violaciones que sufría. ¿Nadie lo notó? ¿Nadie va a renunciar? ¿Nadie va a pagar alguna culpa? 

Además, se supo que las mamás de ambas mujeres eran quienes lo bañaban, y debieron notar los frecuentes hematomas que mostraba el chiquito. ¿No van a ser citadas a declarar?

Lo dijo Juan Sebastián Verón en Instagram hace unos días: “Mucho silencio”, posteó. También compartió una imagen en la que se ve una nota que cuenta los dichos de una vecina que estuvo cerca en las últimas horas de Lucio. “Si fueran dos hombres, las activistas estarían marchando y pidiendo justicia…pero no, mucho silencio”, agregó, y pidió “#JusticiaPorLucio”.

 La autopsia que le hicieron al menor, arrojó entre otras cosas que su muerte habría ocurrido tres horas antes de que fuera llevado al hospital. Y confirma que los juguetes sexuales (consoladores) incautados de la casa donde vivían la madre de Lucio y su novia, Abigail Páez, tenían el ADN de ellas y del chiquito.

Magdalena Espósito Valenti (progenitora) y Abigail Páez (novia de la progenitora) quedaron acusadas ​​de “homicidio triple calificado por el vínculo (por ser ascendiente) y con crueldad y alevosía; en competencia real con insultar gravemente el abuso sexual por su duración y formas concretas de realización”.

“Triplemente agravada por ser el tutor al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por convivir con la víctima menor de 18 años, como delito continuado”, agrega la portada de la causa.

Una calificación bien ruidosa, muy elocuente y rimbombante, pero incapaz de ocultar tanto silencio, y también incapaz de que se abra un debate menos maniqueo, menos bipolar, con más voces y menos sexismo, menos odio y más inclinado hacia el deseo, el futuro y el amor de quienes son los principales actores en este berenjenal llamado justicia de familia; es decir, las niñas y los niños.