Las acusadas del crimen de Lucio Dupuy en La Pampa, Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, pidieron no estar presentes cuando se realice la audiencia del jueves en la que se conocerá el veredicto del juicio en su contra. Ambas hicieron el pedido mediante sus abogados, Pablo de Biasi  y Silvina Blanco Gómez, respectivamente.

El Tribunal de Audiencia de Santa Rosa decidirá el jueves al mediodía si las acusadas son culpables, y en caso de serlo qué penas le corresponderían, del delito de homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante.

Mordeduras, quemaduras, violaciones y otras perversiones

Según la fiscalía, las detenidas atacaron “en forma conjunta” a Lucio (de 5 años)  el 26 de noviembre de 2021 entre las 17.30 y las 19.40 en la casa en la que vivían en la ciudad de La Pampa.

La autopsia arrojó como resultado que el cuerpo tenía "politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data”, y que la muerte del niño se produjo por una hemorragia interna.

La fiscalía señaló durante el juicio que en un lapso de dos horas y 10 minutos a Lucio lo golpearon hasta matarlo. Más tarde, cuando se realizó la autopsia se comprobó que también había sido víctima de abuso sexual.

Finalmente, la imputación sobre las acusadas quedó en el expediente judicial como “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización, con acceso carnal vía anal con un objeto; agravado por haber sido cometido por la ascendiente; con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años; todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía”.

Pero el abogado de la querella, Mario Aguerrido, reclamó incorporar la figura de “odio de género” pero la fiscalía lo rechazó. La condena podría ser prisión perpetua.

Los testimonios 

El juicio tuvo 18 audiencias a puertas cerradas y Ramón Dupuy, abuelo de la víctima, señaló que las acusadas "deben ser condenadas prisión perpetua, sin beneficios" y pidió "que sean separadas de una vez por todas”.

Porque aunque estén en celdas diferentes, ambas mujeres gozaron del privilegio de compartir pabellón y mantener contacto entre ellas. La familia paterna rechazó ese "beneficio" pero no fue escuchada. 

También se conoció que una ONG denunció por mal desempeño a la jueza que le dio la custodia del menor a la madre y a su pareja.

La presentación por violación a los deberes de funcionario público fue realizada por la Fundación Más Vida ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) de La Pampa contra la magistrada Ana Clara Pérez Ballester, a cargo del Juzgado de Familia y del Menor 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, de General Pico. Esa funcionaria judicial es la más cuestionada por no haber escuchado a la familia del niño, ni haber ordenado que se siga de cerca el proceso de revinculación del menor con la mamá. La familia paterna pide que la expulsen, directamente.

La acusa a la jueza de un “desinterés absoluto” por la situación en la que se encontraba Lucio “al haber homologado- sin más trámite- un pretendido acuerdo de tenencia entre la progenitora de Lucio y sus tíos, Maximiliano Dupuy y Leticia Hidalgo, quienes tenían la tutela del menor”.